MENSAJE DE LA SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES – AMÉRICA DEL NORTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON MOTIVO DEL ENCUENTRO ANUAL DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS: “MUJERES EN EL PODER CAMBIOS RECIENTES EN LA ESCENA POLÍTICA”.
Paramaribo, Surinam
15 – 17 de mayo 2013

Honorable Dra. Jennifer Simons
Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam
y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias;

Distinguida Diputada Mónica Zalaquett
Secretaria del Grupo de Mujeres Parlamentarias;

Colegas Legisladoras y legisladores;

Señoras y señores;

Sean mis primeras palabras para agradecer a la Dra. Jennifer Simons por su hospitalidad y compromiso como anfitriona de este importante Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias que hoy nos convoca.

Asimismo, quiero reconocer a todas y todos los parlamentarios que han hecho posible, con su esfuerzo y constancia, la consolidación de un grupo de trabajo permanente tan representativo de ParlAmericas.

En esta tercera Sesión del encuentro que nos convoca, como ya se ha hecho una necesidad en el marco de la agenda de los grandes temas globales, nos vemos comprometidos, desde esta dimensión regional, al análisis de un tema de gran importancia y de múltiples facetas: Incidencia de la participación de la mujer en la política.

Se trata de un tema cuyas implicaciones involucran prácticamente todos los renglones de la vida de nuestras sociedades.

Actualmente podría afirmarse, de manera general, que en la mayoría de nuestros países las mujeres tenemos más oportunidades de participación en los partidos políticos, y ciertamente en las esferas de la vida pública, de lo que teníamos hace tan sólo algunas décadas.

Sin embargo, estoy cierta de que ustedes coincidirán conmigo en que la mayor o menor presencia de las mujeres en los ámbitos partidistas, o de la política en general, no es una mera cuestión de estadísticas electorales: se trata de un esfuerzo sostenido que ha abarcado muy amplios campos del quehacer social y político y que nos sigue enfrentando a una realidad adversa.

Una realidad que no sólo es adversa por las circunstancias heredadas que siguen prevaleciendo y limitando nuestro derecho a la participación amplia y permanente, sino porque cada paso adelante parece condenado a ser una y otra vez cuestionado. En el mundo de la política partidista, y bajo ciertas circunstancias, esa resistencia pareciera ser mayor que en cualquier otro ámbito.

En ese sentido, cabe señalar la Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de marzo de 2012 que establece claramente que los Estados partes deberán tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra nosotras, las mujeres, en la vida política y pública de nuestros países.

La Resolución pone de manifiesto la importancia de la participación política de la mujer, ya sea en tiempos de paz o de guerra, o de transición política, derivado de los muchos obstáculos que todavía prevalecen. Asimismo exhorta a eliminar las leyes, reglamentos y prácticas que de modo discriminatorio impiden o limitan la participación de las mujeres.

Es significativo, en este sentido, que la Unión Interparlamentaria, en su I27a Asamblea realizada en Québec, Canadá en 2012, haya adoptado el “Marco de Acción para Parlamentos sensibles al Género”, el cual, como todos saben tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de los parlamentos por convertirse en instituciones más sensibles a los temas relacionados con el género.

Asimismo, la Unión Interparlamentaria, en su estrategia 2012-2017 y en su objetivo 2 (Impulsar la Igualdad de Género), ha considerado necesario comprometerse con un esfuerzo centrado en supervisar la participación de las mujeres en la vida política, reforzar la capacidad de los Parlamentos Miembros y prestarles ayuda en la realización de actividades vinculadas con las cuestiones de género.

Sin embargo, soy de la idea de que uno de los mayores ejemplos de la incidencia de la participación de la mujer en la política no se derivó de acuerdos o convenciones, sino de condiciones excepcionales y trágicas. Me refiero a la experiencia que tuvo lugar en la República de Ruanda a partir de 2008.

El primer paso fue el incremento exponencial de la presencia de las mujeres en el Parlamento. Pero no como simple producto del proceso mismo de elección, sino como consecuencia de la conciencia adquirida por las mujeres de la necesidad de su participación electoral. Es así como ese año ocupan el 56.5% de los escaños en la Cámara Baja y el 38.6 % en el Senado.

Este proceso pudo llevarse a cabo, en gran medida, por los efectos del conflicto sobre la estructura socio-política en términos de género. Fueron evidentes, en ese momento, tres condiciones básicas: primeramente, la necesidad de resolver problemas específicos a través de cambios de fondo en políticas y programas públicos; en segundo lugar, el hecho de que la naturaleza de los cambios requeridos estaba vinculada a una percepción social propia de una agenda de género. El tercer factor, no menor en importancia, fue el efecto mismo del conflicto sobre las condiciones de desigualdad de género prevalecientes hasta antes de este.

El cambio sustancial en la representación-participación política de la mujer en Ruanda hace posible la conformación de objetivos precisos, y conceptualmente bien estructurados, alineados con la necesidad de llevar a cabo un complejo proceso de reconstitución del tejido social, profundamente fracturado por el conflicto.

Vemos aquí que la magnitud de la urgencia determina que ya no sea sólo la búsqueda del empoderamiento de la mujer la causa central de las nuevas legisladoras y políticas, sino que ellas deban asumir como su responsabilidad central la reconstitución misma, la salvación, del tejido social sin lo cual hablar de empoderamiento sería superfluo o quimérico.

Su experiencia de género – madres, esposas, hermanas de las víctimas o de los victimarios- su capacidad de interlocución y gestión – no involucradas directamente en las acciones violentas- y su distanciamiento de los elementos ideológicos que pretendieron justificar el conflicto, les permitieron identificar, representar, defender y promover los elementos de interés común sobre los cuales se podía restablecer la comunicación social.

En forma concreta, estas condiciones les permiten imponer en el campo de la acción política lo que podríamos llamar sus mayores contribuciones:
• Que la causa de la reconstitución del tejido social sea prioritaria sobre los intereses de otro tipo, especialmente los grupales.
• Que los temas centrales de la agenda adquieran una perspectiva de género.
• Que las causas directas o indirectas de las mujeres, como la familia, la educación de los hijos, la seguridad laboral de los esposos, hermanos o hijos, la vivienda y la salud queden contenidas de origen en las nuevas políticas y los programas públicos así como en la elaboración de las leyes diseñadas para la reconstitución del tejido social.
• Que los graves flagelos como la trata, la violencia intrafamiliar, la marginación, la discriminación y otros entren en un lugar central al debate legislativo.

La experiencia de Ruanda a la que me he referido es, ciertamente, un caso extremo. Una tragedia sin duda en el devenir histórico de su sociedad. Pero también, y en gran medida, debe ser para nosotras una experiencia enriquecedora por cuanto expone, en su máxima dimensión, las potencialidades existentes en la incidencia de la participación de la mujer en la política.

A esta experiencia se suman hoy nuevos cambios y oportunidades, en diversas regiones del planeta, que reclaman nuestra atención y demandan un cuidadoso seguimiento a nivel mundial.

En este sentido quiero destacar aquí la decisión en septiembre del año pasado del gobierno de Arabia Saudita de otorgar el voto a las mujeres y la designación, en enero de este año, de 30 mujeres como miembros del Consejo de la Shura, el órgano que asesora en materia de iniciativas legislativas y políticas al Gobierno de ese país. Esperamos que estas acciones tengan un impacto importante en otras sociedades de esa región.

Por otra parte, tenemos casos como el de Afganistán, donde las mujeres siguen enfrentando una gran resistencia para ampliar sus ámbitos de participación política, y las jóvenes deben enfrentar incluso la violencia física por el sólo delito de querer estudiar.

Quisiera, antes de concluir, comentar brevemente sobre la incidencia de la participación de la mujer mexicana en la política.

Si bien en nuestro país no ha habido acciones marcadas por la espectacularidad, ciertamente se ha dado un proceso continuo en el que las mujeres dedicadas a la política hemos hecho un trabajo efectivo, tanto en nuestros partidos como en el ámbito legislativo, para impulsar una mayor participación de las mujeres equitativamente.

Fue hasta 1953 cuando las mujeres obtuvimos nuestro derecho al voto. Desde esa fecha hasta nuestros días, se han aprobado reformas a la legislación nacional que han permitido un mayor desarrollo de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de la mujer.

Uno de los primeros pasos fue la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) el 1 de abril de 1977. Este instrumento ordenaba la estructura de un colegio electoral; otorgaba el registro a más de una organización que permanecía en la clandestinidad; permitía las coaliciones; abría tiempos oficiales en radio y televisión para la promoción de las distintas fuerzas políticas; contenía la nueva fórmula de representación proporcional (consistente en la repartición de cien escaños entre los partidos según el porcentaje nacional de sufragios obtenidos); y aumentaba de 186 a 400 el número de diputados de la Cámara.

Las reformas electorales emprendidas en 1987 aumentaron el número de diputados electos por el criterio de representación proporcional de 100 a 200 (lo cual daba un total de 500 diputados). Esta reforma tuvo, sin embargo, tres importantes inconvenientes: por un lado, permitía la participación del partido hegemónico en la repartición de diputados de representación proporcional; incorporaba la cuestionada “cláusula de gobernabilidad”, que garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido que obtuviera una mayor votación nacional; y no aplicaba una perspectiva de género a la representación en las cámaras.

Simultáneamente empezaron a hacerse presentes en la sociedad mexicana dos importantes corrientes: una de origen internacional que tuvo en la Conferencia de Beijín sobre la mujer una importante significación y cuyo impacto a nivel mundial fue significativo, y otra corriente surgida en la propia sociedad mexicana que impulsó el análisis de la situación de la mujer, especialmente en el ámbito laboral y civil. Estas tendencias cristalizaron impulsadas por un sistema plural y multipartidista en el que distintas fuerzas políticas impulsaron el tema de la mujer.

Finalmente, se estableció el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el cual, en sus versiones de 1996, 2002 y más recientemente, en 2008, incorporó el sistema de cuotas (primero en un 70/30 por ciento) y contempló entre las obligaciones de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular, incluyendo reformas más precisas y un ordenamiento compensatorio para agilizar su inclusión bajo la fórmula de cuotas de mujeres para ocupar cargos de elección.

Posteriormente, el 14 de enero de 2008 se introdujo el artículo 219 que estableció los procedimientos de registros de candidatos, especificando que tanto las candidaturas a diputados como a senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberían integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Lo anterior señalaba, aparentemente, hacia un nuevo escenario. En el ejercicio práctico, el cumplimiento de las cuotas se vio constreñido por diversos artilugios que reducían las oportunidades de las mujeres.

Ante esta realidad un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes partidos políticos presentó su inconformidad y dio inicio un juicio radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que habría de hacer jurisprudencia.

El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Electoral resolvió que los partidos políticos estaban obligados a incluir a personas del mismo género como titular y suplente de las candidaturas a diputados y senadores correspondientes a la cuota de género (mínimo 40 % del total) prevista en el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Después de las elecciones federales de julio del 2012, el escenario de la participación de las mujeres en cargos de elección popular mostró un cambio significativo en el Poder Legislativo. Para ilustrar esto me permito comentarles el siguiente cuadro:

Mujeres en la Política* Total Porcentaje
Secretarías de Estado 3 12.5%
Subsecretarias de Estado 9 16.6%
Senadoras 43 33.6%
Diputadas 184 36.8%
Gobernadoras — —
Presidentas Municipales 159 6.5%
*Información actualizada al 28 febrero 2013

Sin embargo, persiste una escasa representación femenina en los municipios. Las estadísticas disponibles revelan que en México, de 1995 al 2011, la proporción de mujeres que han ocupado las presidencias municipales no ha variado sustancialmente, si bien se presenta un repunte al pasar de 4.1 % en 2007 al 6.9 % en 2011, de un total de 2,440 municipios más 16 delegaciones.

La participación más relevante de las mujeres en los gobiernos municipales es a nivel de regidoras, actualmente presentan un porcentaje de 35.5%.

El caso de México confirma plenamente la idea de que las cuotas siguen siendo cruciales para subsanar el déficit entre hombres y mujeres en la vida política. Así lo demuestra el aumento anual de casi un punto porcentual en el promedio mundial de mujeres parlamentarias en 2012.

Respecto a la situación de las mujeres en mi Partido, el Revolucionario Institucional, quiero destacar que en sus estatutos se establece que en los procesos internos de elección de los cargos de gobierno se deberá garantizar la paridad de género, considerando el 50 % de mujeres y 50% de hombres (Art. 144, 147 y 160 de los Estatutos).

El Plan de Acción de mi partido contempla un rubro específico sobre la equidad de género y afirma que es necesario reforzar las políticas que promuevan la equidad y realizar acciones comprometidas para incorporar plenamente a las mujeres en la vida económica, política y social del país, poniendo énfasis en los estados y regiones donde la discriminación incide aún en la falta de oportunidades para este sector.

En la pasada XXI Asamblea del PRI se reafirmaron los objetivos antes señalados sobre la participación de las mujeres, y se otorgó una perspectiva más amplia sobre su papel en el desarrollo nacional.

Honorable Presidenta;
Colegas Legisladoras y Legisladores:

Finalmente, quisiera concluir con una reflexión.

Se abren ante nosotros nuevos retos que no pueden ser postergados. Me refiero, de manera concreta, a dos elementos que exigirán de nosotros la definición de posiciones muy claras: por una parte, la persistencia en amplias regiones del planeta de la marginación o limitación en la participación de las mujeres en la política; por la otra, la necesidad de establecer la agenda del desarrollo post-2015, esto es, las nuevas metas del desarrollo sustentable.

Una pregunta es inevitable: ¿qué principios deben regir la nueva alianza global para el desarrollo después de 2015?

En un foro como el que hoy nos convoca destaca el tema de la marginación de la mujer, no sólo en el ámbito de su participación política, sino en otros muchos campos de la actividad social. Los avances logrados en distintas naciones nos alientan a seguir colaborando en esta trayectoria. Sin embargo, es indispensable reafirmar la lucha contra la marginación y la discriminación y darle a esta causa nuevas dimensiones y nuevos enfoques.

En este sentido, tres consideraciones me parecen indispensables y deben estar vinculadas cuando llegue el momento de establecer las nuevas metas sustentables que habrán de reemplazar a los objetivos del milenio en 2015.

Primeramente, que no puede haber metas efectivas y perdurables, ni en lo social, ni en lo económico ni en lo ambiental, si no se asegura plenamente y a nivel universal la aplicación efectiva del principio de la no discriminación-no marginación de ningún sector de la sociedad humana. Sin plena participación de todos, y para el bien de todos, los beneficios de los objetivos de desarrollo post-2015 no llegarán en forma equitativa a nuestras sociedades.

En segundo lugar, que para contribuir plenamente al objetivo antes expuesto es indispensable asegurar la incidencia de la participación de todos los sectores, y definitivamente el de las mujeres, en la vida política de nuestras naciones y en la vida política de la sociedad internacional.

Por último, que una meta indispensable a considerar entre los objetivos antes señalados, debe ser el establecimiento en todos nuestros congresos y parlamentos de programas específicos y cuantificables para reformar las prácticas políticas actuales y asegurar que los aspectos de género tengan plena oportunidad de ser tomados en cuenta en todas nuestras actividades.

Las aportaciones de género de las mujeres dedicadas a la política ya no pueden dejarse a factores casuales o discrecionales, menos aún a que se produzcan graves e inhumanas situaciones como las vividas por nuestras colegas de Ruanda, estas aportaciones deben ser una práctica regular como el desarrollo armónico del ser humano ya lo está exigiendo con urgencia.

Muchas Gracias

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